
“Fractal Jesus”: Antonio Russo
En 1995, ciento once parroquias de la provincia de Huesca que, hasta entonces, habían sido administradas, en materia religiosa, por la diócesis de Lleida, pasan a depender de la diócesis de Barbastro-Monzón, cuyo obispo reclama a su homólogo leridano la devolución de las piezas sacras -ciento doce, perfectamente reconocibles- adscritas a dichas parroquias y que se hallan depositadas en el Museu Diocesá de Lleida.
Ante la negativa de las autoridades civiles de la ciudad del Segre y de la Generalitat al retorno a Aragón de los bienes eclesiásticos, el obispo de Barbastro-Monzón presenta diversas reclamaciones ante el Vaticano, que se resuelven a favor de la diócesis aragonesa, sin que esta circunstancia rectifique la actitud de la Generalitat que argumenta que las piezas en litigio forman parte del patrimonio sacro, e indivisible, de Catalunya, al amparo de la ley 9/1993, y, como tales, se hallan inscritas en el inventario correspondiente.
En junio de 2008, Xavier Salinas, administrador apostólico de la diócesis de Lleida, se compromete formalmente con Alfonso Milián, obispo de la diócesis de Barbastro-Monzón, a devolver el arte sacro en un plazo de treinta días; la devolución no se lleva a efecto por la negativa del Departament de Cultura de la Generalitat.
Continuación de la línea del tiempo (iniciada en De clerizones y trapaceros):
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Julio de 2008.- La Asociación de Amics del Museu de Lleida interpone una demanda civil para dilucidar la propiedad de las obras reclamadas por Aragón.
21 de septiembre de 2008.- Joan Piris toma posesión como nuevo obispo de Lleida.
Octubre de 2008.- El Juzgado de Instrucción número 4 de Lleida desestima el recurso presentado por el Obispado de Barbastro-Monzón a propósito de la admisión a trámite de la demanda de la Asociación de Amics del Museu y se declara competente para juzgar, por vía no eclesiástica, la propiedad de parte de las obras en litigio.
16 de diciembre de 2008.- El obispo de Barbastro-Monzón, Alfonso Milián, presenta una protesta formal ante su homologo leridano por autorizar la cesión de parte de las piezas reclamadas para una exposición a celebrar en Filadelfia (EEUU). El Nuncio Apostólico se pronuncia en idénticos términos.
12 de febrero de 2009.- El obispo de Lleida, Joan Piris, pide al Conseller de Cultura de la Generalitat, Joan Manuel Tresserras, una autorización para entregar a Aragón las obras de arte sacro en litigio.
Febrero de 2009.- El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, anuncia la decisión de su gabinete de emprender acciones penales contra las instituciones y personas del Consorcio del Museu de Lleida por la retención de los bienes aragoneses.
Febrero de 2009.- La Secretaría de Estado del Vaticano exige la entrega inmediata a Aragón de las obras reclamadas, amenazando a Lleida con la retirada del obispado del ente que gestiona el Consorcio del Museu Diocesá.
10 de marzo de 2009.- La Consejera de Cultura y Deporte de Aragón, Mª Victoria Broto, envía una misiva a Joan Piris, obispo de Lleida, para que exija al Consorcio del Museu la entrega de las obras y evitar, así, la intervención de los juzgados civiles.
Marzo de 2009.- El Conseller de Cultura de la Generalitat, Joan Manuel Tresserras, anuncia la disposición de su departamento a devolver 27 de las 112 piezas, siempre que haya un acuerdo global entre Aragón y Catalunya y se acepten las condiciones de la Generalitat.
Marzo de 2009.- La Consejera de Cultura de Aragón, Mª Victoria Broto, mantiene la exigencia del retorno de TODAS las piezas y critica el planteamiento de su homólogo de la Generalitat que, hasta la fecha, se había referido a la unidad museística como argumento mayor para retener las obras sacras aragonesas.
12 de marzo de 2009.- El abogado ribagorzano Jorge Español presenta una denuncia penal contra la catalogación realizada por la Generalitat en 1998 de las obras del Museu Diocesá, argumentando que se trata de un subterfugio para no devolver los bienes aragoneses.
13 de marzo de 2009.- La Asociación para la Defensa del Patrimonio Aragonés, (APUDEPA), denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo a cuatro antiguos consellers de Cultura de la Generalitat, por la posible comisión de delitos cuando adoptaron decisiones dirigidas a bloquear la entrega a Aragón de los bienes de las parroquias de la diócesis de Barbastro-Monzón.
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