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“Confinement”: Rae Ann McCurry


Los gitanos son la imagen viva de una raza entera de delincuentes que reproducen todas las pasiones y vicios“.- Cesare Lombroso, gurú resucitado de etnófobos y asimilados.

El pasado viernes, miembros de la Policía Autónoma Vasca procedían a la retirada de las pancartas vejatorias instaladas desde hace meses en las inmediaciones de la vivienda del barrio de La Arboleda, en el municipio vizcaíno de Trapagaran, donde reside un joven matrimonio gitano con sus cinco hijos -el mayor de 9 años-.


El pueblo no os quiere

Sí, sí, sí, que venga Sarkozy

La Arboleda en peligro


La polémica se inició en la población minera hace casi dos años, cuando el vecindario tuvo conocimiento de la inminente llegada al barrio de una familia gitana procedente de Sestao a la que, inmediatamente, se calificó como conflictiva. A las manifestaciones de protesta de los residentes se unieron las amenazas de algunos padres de sacar a sus hijos del Colegio Público en el caso de ser escolarizados en el mismo los menores gitanos y las de algunos comerciantes que aseguraron se acogerían al derecho de admisión para no atender a los nuevos pobladores.

Pronto aparecieron pintadas y carteles en contra del realojo y la tensión subió muchos grados cuando la familia accedió a La Arboleda protegida por la ertzaintza y hubo de procederse al derribo de un muro de ladrillos que algunos vecinos habían levantado en la puerta de la vivienda.

A la denuncia presentada, en nombre de la familia gitana, por amenazas, insultos y coacciones, se sumó otra por agresión contra una trabajadora social del Ayuntamiento de Sestao, a quien un vecino de Trapagaran, que posteriormente dijo estar arrepentido, agarró fuertemente del pelo.

Los vecinos de La Arboleda, que insisten en acusar al padre de la familia gitana de toda clase de delitos  -“Tiene cien denuncias acumuladas“, aseguran unos; “Está en busca y captura“, afirman otros-,  ya fueron cumplidamente respondidos  en abril de 2009 por el Viceconsejero vasco de la Vivienda, Javier Burón: «Actualmente no tiene ninguna causa penal pendiente y su actitud es digna de elogio por no responder a las provocaciones de los residentes. […] Nunca ha sido objeto de denuncia ni por amenazas ni por agresiones, algo que, me consta, sí tienen algunos vecinos de La Arboleda».

El despacho de abogados que tiene a su cargo la defensa de la familia gitana realojada confirmaría posteriormente que el único delito imputable a Manuel, el padre, es el de hurto de chatarra, por el que fue condenado a pagar 480 euros  -a razón de cuatro euros al día-  en 2007.

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