Parece que Juan Manuel Subías ha confundido su cargo de Inspector Jefe Provincial Adjunto de Educación con el de comisario de la extinta Brigada Político-Social. Sólo así se entiende que haya enviado a los centros educativos de la capital aragonesa una circular, vía fax, donde se exige a los equipos directivos que faciliten nombres, apellidos y D.N.I. del profesorado participante en los encierros llevados a cabo en colegios e institutos públicos. Tan expeditiva medida se suma a la orden dada, desde la Delegación del Gobierno, a la policía para identificar a todas las personas portadoras de la camiseta verde que concurran a las concentraciones de protesta semanales.
Recientemente, la consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, María Dolores Serrat Moré, jefa y defensora del diligente don Juan Manuel, protagonizó un surrealista entremés en la Feria del Libro de Zaragoza cuando, increpada por un grupo de personas, corrió a refugiarse en el edificio de Capitanía General para, posteriormente, acusar a quienes la recriminaron, de haber proferido amenazas de muerte contra ella, pese a que un video del incidente prueba que lo declarado por la ministra autonómica no se ajusta a la realidad.
Dice doña María Dolores que los datos del profesorado insurrecto y okupa no tienen mayor utilidad que la de conocer «las incidencias de cada centro» y, «en caso de daños, dirimir responsabilidades«, no fuera que los maestros y maestras decidieran, verbigracia, hacer una fogata con el mobiliario de las aulas o, quizás, contactar con una línea erótica para que señoritas y señoritos con deje meloso les calentaran los tímpanos en las ociosas noches de acampada. Y es que, en interpretación libre de las palabras del ministro Wert en la pasada huelga de la Enseñanza Pública, los únicos docentes responsables son aquellos que aceptan, alborozados, la asfixia de la Escuela Pública para mayor gloria y negocio de la Escuela Concertada.
Amén.
Dicebamus hesterna die…
Una mirada alrededor 