«Mural de las víctimas del 3 de marzo de 1976»: Fotografía de dominio público de Zarateman
In memoriam
Francisco, 17 años.
Romualdo, 19 años.
Pedro María, 27 años.
Bienvenido, 30 años.
José, 32 años.
El miércoles 3 de marzo de 1976, a partir de las cinco de la tarde, hora de la asamblea obrera, los huelguistas fueron entrando en la iglesia de San Francisco de Asís, del barrio de Zaramaga de Vitoria. Cerca de cuatro mil accedieron al templo observados por la policía. Uno de los mandos del cuerpo armado contactó con el párroco para que los concentrados desalojaran el recinto o serían sacados a la fuerza; apeló, entonces, el sacerdote al Concordato vigente firmado en 1953 entre el gobierno español y el Vaticano, que otorgaba a la Iglesia Católica protección contra la intrusión policial en sus propiedades… Menos de un minuto después, “la policía atacó y asaltó la iglesia con gases lacrimógenos y material antidisturbios, por lo que, presos del pánico y la asfixia, los allí congregados comenzaron a salir huyendo, momento en el que los policías procedieron a golpear y disparar indiscriminadamente tanto sobre los que intentaban escapar, como sobre los que, desde el exterior, atraían su atención para dejar vía libre a los que abandonaban aquel infierno”.
—(…) ¡Buen servicio!(…) hemos contribuido a la paliza más grande de la historia —comunicó por radiofrecuencia uno de los policías intervinientes.
Más de dos mil disparos. Cinco muertos. Ciento cincuenta heridos.
«Hemos contribuido a la paliza más grande de la historia…»
En la calle —la que Fraga Iribarne, ministro de la Gobernación en aquel momento, decía suya— corrió sangre obrera. Y nadie, en los cincuenta años transcurridos, fue juzgado en España y sentenciado por ello, tras sobreseer el caso la jurisdicción militar —en la que finalmente recayó el sumario— aduciendo que no se había podido acusar de la comisión del delito de homicidio a persona física alguna.
Entre los años 2010 y 2014, familias de represaliados y victimas de la Transición, presentaron 115 querellas —en la actualidad superan las 150— en Argentina, ante la jueza María Servini, siendo uno de los investigados Rodolfo Martín Villa que, en el año 1976, cuando tuvieron lugar los sucesos de Vitoria-Gasteiz, era ministro de Relaciones Sindicales, y al que las partes querellantes consideran, en este caso, presunto responsable de la comisión de cinco delitos de homicidio contra los trabajadores gasteiztarras. Pese a los intentos de Martín Villa y otros querellados para detener este y el resto de procesos, alegando que son hechos prescritos al estar amparados por la Ley de Amnistía de 1977, la magistrada Servini consideró que, al tratarse de crímenes de lesa humanidad, estos no prescriben nunca.
Asesinos de razones y de vidas
que nunca tengáis reposo a lo largo de vuestros días
y que en la muerte os persigan nuestras memorias.
LLUÍS LLACH.- Campanades a Morts.
Una mirada alrededor 